jueves, 29 de noviembre de 2012

Opinión: poder, dinero y política, detrás del 7D

Habían pasado algunos minutos de la 20 cuando una solitaria movilera de Telenoche (canal 13) anunciaba (casi anticipaba) desde la puerta de la Casa Rosada que algunos automovilistas se dirigían hacia allí para protestar por la ola de saqueos que sacudía los últimos día de diciembre de 2001, en plena crisis económica y social. Al día siguiente, con 25 muertos en Plaza de Mayo y sus inmediaciones, desde los estudios de América, el conductor Jorge Rial pedía que Fernando De la Rúa “renuncie” a la Presidencia. El 20 de diciembre de 2001 lo hizo, sin que nadie se animara a sucederlo. Para cuando el senador Eduardo Duhalde tomó el mando, las manifestaciones eran más populares y mejor organizadas por las asambleas. Yo estuve en una y ningún canal de televisión la transmitió. Tampoco fueron publicados las fotos de Kosteki y Santillán sino hasta 48 después de sus asesinatos.
La mordaza mediática tenía sus beneficios. La pesificación asimétrica y la ley de Bienes Culturales (2002 y 2003) protegieron a los multimedios. Pero la transmisión “en cadena” de la rebelión de los productores agrarios de 2008 terminó la alianza con el Grupo Clarín. Entonces comenzó la lucha por el manejo de la información, de la agenda y la línea editorial, entre un sector económico y otro político. Dicen que la Democracia y la Liberta de Expresión están en juego. En el mundo sobran los ejemplos sobre lo que pasa cuando los medios son dominados por la concentración económica o del Estado.
Cuando en 2009 se aprobó la Ley de Medios (26522), este diario celebró el final de una norma que regía desde la última Dictadura, sin dejar de objetar algunos puntos o ser escéptico en otros. Había mucho por hacer entonces y ahora también. No por culpa de la ley. Unos no quisieron cumplirla y otros han dejado hacer, mientras la Justicia no se expidiera sobre la cuestión de fondo planteada por Clarín.
El informe del AFSCA que Martín Sabbatella presentó a fines de octubre mostró cuánto ha crecido el monstruo, no cómo se llegó a esta situación. Puntualizó que “sólo un grupo de los 20 que se exceden no ha demostrado voluntad de adecuarse” y que licitará de oficio las licencias que no se ajusten.

Desinversión
El Gobierno ha puesto especial atención en la cantidad de canales de comunicación que tiene cada Grupo porque allí se define a cuánta gente llegan. Clarín es el único caso que excede la ley por tv abierta, por cable y por radiodifusión al mismo tiempo, lo que lo pone al tope de la formación de opinión en la comunicación privada (además tiene el diario de mayor tirada nacional). Pero si se lo divide por rubro tiene competencia con otros multimedios, algunos de los cuales podrían quedar exentos.
La Ley 26522 no elimina los multimedios pero los condiciona en su espectro (hasta el 35% de la población para canales de aire, o de los abonados para los de cable), tanto en televisión como en radios.
Clarín, por ejemplo, puede llegar con sus radios al 41.88 % de la población en todo el país. Se excede por mucho, pero lo supera el Grupo Prisa (Continental), con el 42.94; Cadena 3 llega al 40.92. Además, Canal 13 se puede sintonizar en el 38.78% de los televisores argentinos. No es para despreciar. Aunque TELEFE llega el 45.5% del aire y el Grupo Uno al 37.55%, según datos del AFSCA.
El Grupo Clarín debe elegir entre producir contenidos o transportarlos. Ha acumulado 237 licencias de cable, cuando el límite es 24. Esto le permite llegar al 58.61% de los abonados de todo el país. Se terminó de adueñar de este negocio en 2007, cuando en sus últimas horas como presidente Néstor Kirchner aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Hoy, los empresarios Daniel Vila (América tv, La Red) y José Luis Manzano (Grupo UNO) buscan la forma de retomar el control de la primera firma.
Los Noble también tiene una porción importante de la distribución de Internet, aunque están lejos del líder de ese negocio: Telefónica. En el debate por la Ley de Medios, la oposición y aliados del Gobierno (el propio Sabbatella) lograron incluir en el articulado que las empresas extranjeras no puedan tener licencias (y sólo hasta el 30% de sus acciones siempre y cuando no controlen la empresa titular), ni tampoco las prestadoras de servicios públicos (en rigor, no pueden tener más del 10% de las acciones de firmas de ese rubro).
Por eso estalló la polémica cuando el AFSCA no incluyó ni a TELEFE ni a Canal 9, como dos de los canales que deben ser otorgados a otros dueños. Consultado, Sabbatella dijo que, de acuerdo a “datos preliminares”, “Telefónica de Argentina no tiene nada que ver con el Grupo Telefónica de España, que es la dueña de TELEFE”. Un vistazo por la página oficial de la empresa española basta para desmentir esa información. Hasta Wikipedia lo desmiente. Por alguna razón, el sitio oficial de canal 11 borró de su institucional el texto donde afirmaba pertenecer al “ Grupo Telefónica desde 2000”. Pero es así: ese año la sociedad anónima española se quedó con Atlántida Comunicaciones a cambio de acciones de su propia compañía por lo que se convirtió todo el paquete de Televisión Federal (hoy Enfisur tiene el 15% de las acciones).
Si TELEFE debiera desinvertir por pertenecer a una firma controlante de una empresa de servicios públicos de Argentina, más aún debiera hacerlo por ser de capitales extranjeros. Es cierto que la ley de Bienes Culturales aclara taxtativamente que se respetarían los derechos adquiridos hasta su promulgación (2003). También lo es que Ley de Medios hizo todo lo contrario: porque para eso estableció un plazo de desinversión de un año para que los medios con licencia efectiva se ajusten a derecho.
Lo establece el artículo 161, precisamente el que cuestionó Clarín ante la Justicia por considerarlo inconstitucional (esta semana se sortearon los jueces que fallarán la cuestión de fondo). Su texto dice: “Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen”. Si las empresas incumplen, el Estado les quita la concesión.
Otro caso emblemático es el de Canal 9, perteneciente al mexicano Ángel González, dueño de la empresa Albavision, quien le compró a Daniel Hadad, el mismo que vendió C5N y Radio 10 a Cristóbal López, en una operación que también vulnera la ley, por concretarse aún con exceso de licencias.

En el aire
Durante la conferencia brindada en el AFSCA, un estudiante de TEA preguntó “qué seguridad se tiene de que se van a presentar nuevos oferentes si las señales que se licitaron este año quedaron vacantes” y “por qué están tan caros los pliegos” para FM. La respuesta fue que eso todavía estaba “en estudio”, aunque se aclaró que podría haber líneas blandas de financiamiento a través del Banco Nación.
Según la Ley, dos de cada tres FM privadas cederán su lugar a frecuencias municipales y de organizaciones. Por otro lado, deberían multiplicarse los canales locales con producción propia. No se permitió nunca la venta de espacios a terceros. El espíritu de la norma establece que el espacio radioeléctrico es público y los licenciatarios son responsables por sus contenidos. Ojalá alguien lo respete.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

El espiritu de la ley me parece excelente, pero no deja de ser ironico que se aplique a monstruos como Clarin y no a super mega monstruos como Telefonica. Vivo en Espania y puedo afirmar que Telefonica es el paradigma de empresa monopolica, incompetente, con mal servicio y malos sueldos para sus empleados.

Darío Leonardo Albano dijo...

Lo mas gracioso es que en la programacion de telefe hacen publicidad de speedy. En futbol para todos de Tiempo Argentino. Es todo un gran multimedio, pero el problema es la linea editorial del unico que el Gobierno no pueden controlar como paso de '02 a 07. Lo irónico es que el triunfo de uno sera la derrota de todos.