lunes, 17 de septiembre de 2012

Stolbizer comparó el proyecto de la terminal de micros con "las cloacas de Rousselot"

La diputada nacional del GEN (FAP) Margarita Stolbizer se sumó a las denuncias efectuadas por su concejal, Analía Zapulla, en torno al proyecto para la construcción de una terminal de larga distancia en los terrenos de la quebrada Transporte del Oeste, en Morón Centro. Observó las “irregularidades” del expediente y lo comparó con “las cloacas de Rousselot”. Sacó a la luz los antecedentes de sus inversiones, que estuvieron vinculados con el Grupo Macri a través de sus empresas.
“El expediente que se aprobó en el Concejo Deliberante para una obra de envergadura como es la construcción de una terminal de ómnibus deja serias dudas”, destacó la legisladora moronense, en una conferencia ofrecida e lunes 3 de septiembre en el bar “La intendencia”, justo frente a la Municipalidad. Minutos después, el secretario de Planificación Estratégica, Daniel Larrache, y la presidenta del bloque oficialista de Nuevo Encuentro, Florencia De Luca, salieron a contestarle (ver P2).
Tanto Stolbizer como Zapulla reiteraron sus críticas sobre el “convenio urbanístico” que el HCD autorizó a firmar entre dos subsecretarios del Ejecutivo y los socios del proyecto (Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro; y Gustavo Solari), en base al artículo 3.2.3.2. del Código de Ordenamiento Urbano.
La ordenanza determina la figura de “proyectos especiales”, para aquellas obras aprobadas con un fin “social” por fuera de los indicadores propios para su zona. Cuenta sólo para “parcelas de más de 2.500 metros cuadrados”. Es decir, grandes superficies. Como la terminal se construirá sobre tres parcelas que fueron adquiridas en una subasta pública de la quebrada ex Transporte del Oeste y una sola supera los 2.500m2, Zapulla entiende que “el convenio se cae”. “Además incluye una tercera parcela cruzando la calle, que de ninguna manera se podría unificar, que es lo que corresponde”, afirmó.

Comparaciones
Stolbizer no confirmó ninguna denuncia pero dijo que la Justicia “debe investigar” si “hay algo raro” detrás del proyecto. Las suspicacias nacieron a partir de que Gustavo Mauro se presentó sin competencia a una subasta para la cual el Concejo había habilitado al Municipio apenas un día antes. Y porque en esa misma sesión se habían cambiado los indicadores de los terrenos de la ex TDO.
“El Grupo Mauro compró los terrenos con precio de base. A su vez presenta el proyecto de terminal de ómnibus junto con otro proyecto inmobiliario de dos edificios en torre para realizar en el mismo predio. No se llamó ni a concurso ni licitación sobre un servicio público y esto de entrada ya no parece correcto”, enfatizó Zapulla. La terminal, aclaró el municipio a Un Medio, será absolutamente privada.
De todas formas, ambas dirigentes fueron a fondo con las comparaciones políticas. “Vemos aquí,  como  hemos visto en los negocios vinculados a la causa Boudou-Ciccone,  una práctica común: grupos empresarios sin antecedentes, empresas que se cruzan, privilegios en el trato para con un determinado sector privado y rigidez con los ciudadanos comunes a través de la AFIP, el control del dólar, o la instalación de un kiosko”, señaló Stolbizer,  sobre lo que calificó como un “negocio inmobiliario”.

Grupo Mauro
“El denominado Grupo Mauro, representado por Gustavo Gabriel y Fernando Javier, pertenecen a un grupo económico cuyos antecedentes no los vinculan ni a la construcción ni al transporte, sino a los residuos patológicos e industriales. Y no buenos antecedentes. Es un grupo vinculado al Grupo Macri, a tal punto que directivos de uno son partes del otro. No se ha analizado el origen de los fondos. Hay empresas que con capital de 12 mil pesos compran campos de 5 millones”, sostuvo Stolbizer.
“Para que se construya la terminal se permite un negocio inmobiliario en la vereda de enfrente”, indicó la diputada, quien aseguró que el proyecto “tiene similitudes con las cloacas de Rousselot”. “Aquello fue el resultado de la iniciativa privada a la que se le concede el negocio porque tuvo”, recordó.
Los antecedentes del Grupo Mauro son interesantes. Fernando Mauro es el presidente de Marcos Martini (dueño original) SA y a su vez preside la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental, como se autodenomina un selecto grupo de empresas que se dedican a la incineración industrial y de residuos. Fundada en 1994, tuvo a Gustavo Gabriel Mauro como su primer vicepresidente y a Fernando como su segundo. El domicilio inicial fue Luis Pasteur 2874, en Castelar.
En octubre de 2009 el Concejo Deliberante de Marcos Paz decretó la clausura de sus “peligrosos” incineradores, más luego de catorce años de denuncias de los vecinos de ese distrito por presunta contaminación. Sus actividades se habrían iniciado en forma “clandestina”, luego de un intento fallido de Ecol SA, firma que fuera controlada tanto por el Grupo Mauro como por el Grupo Macri, primero.
La batalla contra Martini fue tal que vecinos crearon la web http://fueramarcosmartini.com.ar/ para presionar al poder político. La firma había logrado despedir a un funcionario bonaerense que no le renovó la licencia ambiental, mientras Scioli y Ricardo Casal quemaban cocaína secuestrada en sus hornos.
Gustavo Solari es el titular de Recovering y vice de la C.A.I.T.P.A.. La empresa asociada a Martini tuvo su momento de fama cuando un trabajador murió tras la explosión de su planta de Campana, en 2004. Pero también fue denunciada por estudiantes de la Universidad de La Plata, por su participación en la privatización de un sector de la reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora, en ’08.
A la licitación se presentó Recovering junto a otros dos oferentes: El Sindicato de Camioneros y la empresa recolectora Covelia. Esta última se quedó con el predio y tercerizó la limpieza en Recovering. No faltaron, entonces, las asociaciones entre ambas empresas y el líder sindical Hugo Moyano.
Pero los antecedentes que hacía mención Stolbizer los leyó de una nota publicada por Página 12 en 2005, tras una interna desatada entre directores del Banco Ciudad. El posterior jefe de Télam decía que “la estructura que hizo negocios y consolidó el surgimiento del Grupo Yabrán es la misma que hoy comparte intereses, negocios y directorios con empresas del Grupo Macri. El punto de contacto es Jorge Mauro, un típico desconocido que sigue moviendo resortes gracias a su bajo nivel de exposición mediática”. “Gabriel Mauro es sobrino y parte del grupo financiero y político encabezado por Jorge Alfredo, que controló la estructura del Ciudad hasta 1991”, indicaba el periodista.
La nota desnudó algunos negocios. Como que en enero de 2005 el Grupo Mauro, a través de Moebius Cueros S.A. (una firma cuyo capital asciende a sólo $12.000) compró un campo en el partido bonaerense de Rojas, en una subasta del Banco Ciudad el 19 de ese mes, por 5 millones de pesos.
Según su propia declaración, lo hizo con un crédito que le aportara la firma Constructora Alicopá S.A. (empresa en liquidación del grupo Macri, y compuesta por Supercemento, Sideco, Solazzo Hnos., e Iglis) y la garantía de La Lácteo S.A. Los vecinos de Rojas sospechaban que el objetivo de tal compra era la instalación de un basurero de residuos tóxicos. Esta operación fue informada al organismo encargado de investigar operaciones de lavado de dinero. En 1998 la empresa CE- DIFIN S.A. ya había intentado instalarse en Marcos Paz. Según la nota, aquel dinero jamás sería devuelto.

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