martes, 24 de julio de 2012


El Jurado de Enjuicia-miento de Magis-trados y Funcio-narios de la Provincia declaró su compe-tencia para entender en el juicio político que se iniciará contra el Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate. El proceso, que comenzó a raíz de la denuncia presentada por la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), investiga la conducta del ex magistrado ante la desaparición de un militante de Montoneros.
La competencia se aprobó por unanimidad. Simultáneamente se ordenó la sustanciación de un sumario que será llevado adelante por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia, a cargo de Ulises Giménez. El jurado está presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lazzari; y será integrado por los legisladores Leonel Omar Zacca, Diana Larraburu y Gustavo Oliva y los conjueces Jorge Alberto Álvarez, Liliana González y José Cozzi.
El trámite contra Woodgate se inició el 22 de octubre de 2010 a partir de la presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de SERPAJ. A su vez, se desprende del juicio “Por la Verdad” que el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Plata llevó adelante contra agentes del servicio penitenciario durante la última Dictadura, bajo el expediente caratulado como “DUPUY Abel David y otros s/ Tormentos, Privación ilegal de la libertad y otros”. En su fallo, el Tribunal instó a investigar una serie de magistrados (Nievas, entre otros) que podrían haber estado en conocimiento de delitos de Lesa Humanidad cometidos contra ciudadanos que pasaron por el Penal 9.
En la comisión Bicameral de la legislatura bonaerense se inició una investigación sobre el caso de un militante montonero que había sido detenido y puesto a disposición del entonces juez federal de Lomas de Zamora Federico Woodgate. Ángel Georgiadis cayó preso a mediados de 1975, cuando se metió de contramano por una calle donde había una comisaría. Lo pararon y al revisarle el auto la Policía le encontró panfletos de su organización. Lo encerraron en el penal de Devoto y ahí quedó hasta finales de aquel año. Luego lo trasladaron a la Unidad 9, en La Plata. En diciembre de 1976 hubo una requisa brutal que derivó en una clasificación de los presos entre jefes y bases de Montoneros y ERP. Fue la antesala de las ejecuciones. Georgiadis fue trasladado al Regimiento de Infantería N° 7 para ser supuestamente interrogado, en conocimiento del juez. A los pocos días fue asesinado.
“Se tiene por certificado que la muerte de Georgiadis ocurrió el 2 de febrero de 1977, esto es 6 días después de la referida comunicación. También se tuvo por acreditado que padeció tormentos durante su detención”, informó la Bicameral. Según una resolución de la Suprema Corte, existe certeza de que todos los jueces de la Provincia de Buenos Aires “sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaba la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes y en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputados constituyeran delitos de lesa humanidad”.

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