domingo, 11 de diciembre de 2011

La concejal fue apenas "amonestada" por quedarse con sueldo de una empleada

Margarita Guarana, la concejal que había sido denunciada en mayo por una empleada, logró sobrevivir al juicio político que le realizaron sus pares del HCD. Si bien la Comisión Investigadora consideró probado el hecho de que la edil se quedaba con parte del sueldo de una de sus asesoras, tuvo en cuenta la versión de la acusada, fundamentada en un préstamo que ella misma estaba cancelando. Por eso, sólo se la amonestó, por lo que seguirá en funciones, al menos mientras la Justicia no considere que resultó autora de un delito de tipo penal.
Guarana militaba en las filas de Unión PRO (ingresó en 2009) cuando Marina Díaz la denunció, el 27 de mayo, en Fiscalía, por verse supuestamente obligada a entregarle mensualmente 900 de los 2.000 pesos que recibía en mano por sus haberes. Inclusive llegó a filmar una de esas entregas, con una cámara oculta que le proporcionaría la Oficina Anticorrupción municipal. Luego de eso renunció a su cargo como “asesora A” de bloque.
“Encontramos que la conducta de la concejal implicó una trasgresión del ordenamiento legal, ético y moral”, sostuvo la titular de la Comisión Investigadora y jefa de la bancada oficialista, Florencia De Luca, cuando el viernes 25 de noviembre se debatió en el recinto los alcances de la investigación realizada por los pares de la edil.
Y explicó: “Ella misma reconoce que le pedía dinero a Díaz, sin olvidar que invocaba una deuda, que nunca acreditó”. En su defensa, Guarana sostuvo que le había prestado dinero a su empleada y vecina, y que había llegado a un acuerdo para que se lo devolviera con su mensualidad. Lo hizo en un escrito ante la Justicia y también llevó testigos a la comisión. En algunos casos relataron que se repartía parte de los salarios entre los militantes.
“Los empleados no pueden ser nombrados por un provecho personal del funcionario. Encontramos reprochable la conducta de nombrar a Díaz bajo la condición de que le cancele una deuda”, entendió De Luca.
La comisión, que actúa de manera independiente al terreno judicial, encontró “probadas cuatro cuestiones”: que hubo pedido de dinero, aunque con dos versiones. Que Guarana “le ordenaba gestiones personales” a su empleada. Que Díaz tenía “problemas personales”. Y que “según la concejal, Díaz tenía problemas habitacionales, porque vivía en una tapera”. Todo esto generó cierto sentimiento de rechazo. Pero sin consecuencias prácticas hacia la acusada. La amonestación es la más leve de las sanciones descriptas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). La norma establece que puede haber una multa o la destitución. La comisión consideró que Guarana “actuó de forma indecorosa hacia su subordinada”, con el “agravante” de que “Díaz atravesaba problemas económicos, de salud y habitacionales”. Todo mereció una amarilla.
Díaz denunció a este periódico que Guarana le pedía “dinero para dar a mis compañeros, pero se lo quedaba ella”. “Le planteé si podía descontarme 200 pesos menos, entonces me dijo que esta vez lo dejara en 700 y que el resto se lo diera con el aguinaldo”, contó. Había trabajado en su despacho desde diciembre de 2009, aunque los primeros meses iba “por 400 pesos” aportados por el bloque. Y al ser nombrada, le hicieron el descuento.
Guarana renunció a Unión PRO conforme ese espacio político se deshacía en julio, con el reacomodamiento electoral. Trabajó desde su unibloque y comenzó a incursionar el mundo K. Sus ex compañeros de bancada, Marcelo González y Vanesa Sosa pasaron a ser Unidos por Morón y son aliados del Gobierno. La última incluso formó parte de la comisión investigadora, que integraron todos los bloques. La resolución se votó sin debate.

Antecedentes

El Concejo no conformaba una comisión investigadora desde 1998, en ocasión de hacer juicio político al ex intendente Juan Carlos Rousselot. En aquella oportunidad se habían encontrado actos irregulares en torno al proyecto de la autopista “Camino del Arroyo Morón”, la empresa concesionaria “Estacionar SA” y el trunco traslado del hospital municipal a la ex 7ª Base Aérea. La comisión suspendió a Rousselot, pero no llegó a condenarlo sin antes aceptarle la renuncia en 1998, lo cual le imposibilitaba cualquier intento de volver a su función.
Hubo casos cercanos en lo que esto finalmente pasó. La concejal de Hurlingham Patricia Miño había sido suspendida de su cargo por percibir una pensión de ANSES, en 2008. Pero luego la Justicia le devolvió su banca, por considerar que el proceso había estado viciado y porque en rigor estaba pensionada por una discapacidad. En ese mismo distrito, este año, el ex Coalición Cívica Jorge Tassara sufrió una cámara oculta en la que su ex secretaria le entregaba una parte de su sueldo. En ese caso el concejal (ahora K) no aceptó la oferta.
El peor caso lo sufrió un concejal de Merlo. Lula Cepeda (Libres del Sur) permaneció detenido por cuatro meses, primero en una comisaría y luego con prisión domiciliaria, por “instigación a la extorsión y amenaza coactiva”. Se lo había denunciado por cobrar sueldos de Nación y Provincia (docente). Fue liberado el 13 de octubre.

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