miércoles, 3 de agosto de 2011

La comuna profundizó la denuncia contra la inspectora de hogares de ancianos, por coimas

La gestión municipal salió, por ahora, airosa de una denuncia de corrupción que amenazaba con instalarse en plena campaña electoral, cuando una de sus empleadas fue detenida por el intento de soborno a la dueña de un geriátrico. Enterado del asunto, el gobierno inició su propia investigación y agregó otro caso a la misma persona, que echó de su planta temporaria. Aunque recién lo aclaró públicamente tras trascender en la prensa nacional.
Los hechos comenzaron a tener entidad el martes 12 de julio, cuando Rosana González, ex agente de la Dirección de Inspección General, fuera detenida a pedido de la Fiscalía 4 de Morón por el delito de presunta “extorsión” a la titular del geriátrico UMA SA, Maura Arruarte, a quien le habría pedido 10 mil pesos para hacer la vista gorda. La empresaria grabó ese encuentro en un bar de Castelar con colaboración de la DDI de Morón.
Esa misma tarde comenzaron a tomarse acciones desde el gobierno local y a correr el rumor sobre un caso de corrupción que podía llegar a hacer ruido, no sólo por el contexto político, sino porque además la acusada es prima del secretario de Gobierno, Diego Spina. Pero esto no hizo mella hasta el 21 de julio, cuando el diario Libre y la página de Perfil.com sacudieron con una información que, por elevación, apuntaba directo al jefe político.
“Un escándalo de coimas en Morón salpica a Martín Sabbatella”, titulaba el amarillento tabloide. A esa altura, la ex inspectora había sido excarcelada. El municipio había separado a González y aportado pruebas de otro posible caso de pedido de coimas en otro hogar (el “San Martín”), a través de la Oficina Anticorrupción. No obstante, sus acciones se informaron públicamente recién el viernes 22, en respuesta a la prensa.
¿Por qué se tardó tanto? El intendente, Lucas Ghi, explicó a Un Medio que se quiso evitar exponer otra vez a la comuna a un nuevo pequeño escándalo. “¿Qué tan saludable puede ser, obviamente con la voluntad de combatir cualquier práctica corrupta, que estén denunciando casos de corrupción? ¿En términos políticos te juega en contra o a favor? ¿Todas las semanas vas a ser tapa de los diarios?”, preguntó el jefe comunal a este medio.
- ¿Pero tantos casos hay para informar?
- No, pero veníamos de los dos inspectores de El Palomar y de la denuncia por la presunta extorsión sufrida por una empleada del Concejo Deliberante. El municipio siempre envuelto en casos de corrupción. Lo evaluamos; dijimos ‘vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer pero sin estar en los diarios’. En la mirada fina uno puede decir que el gobierno se mantiene firme con los principios de la transparencia y la ética. Pero ¿somos el único municipio donde hay casos de corrupción? No puedo garantizar la idoneidad moral de los 4 mil empleados del municipio. Lo que puedo garantizar es la reacción del Estado con un hecho reñido con la Ley. Una vez que tomamos conocimiento nos presentamos a la Justicia, se abrió una investigación sumaria, para deslindar responsabilidades en el sector donde trabajaba. Se le dio de baja a esta persona, que tenía contrato temporario. Se hizo una ronda de consultas en los geriátricos, a través de la Oficina Anticorrupción, y dimos con otro caso que aportamos a la Justicia. Agrava la situación procesal de esta persona. Ahora resta esperar una condena, que siempre genera un efecto aleccionador. Los hechos suceden igual. El tema es qué hacer.
El propio Ghi había iniciado una investigación en diciembre sobre dos agentes de Tránsito que pedían coima al dueño de un camión. En junio, la OA ayudó a denunciar a la concejal Margarita Guarana (ex Unión PRO), a quien luego le iniciaron juicio político (ver recuadro). En ambos casos la comuna había dado a conocer los hechos.

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