viernes, 11 de febrero de 2011

Suspenden al secretario del STMM; él asegura haber evitado un robo a la caja del gremio

El 18 de enero la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales decidió suspender por 90 días a su secretario general, Jorge Páez, con el argumento de que faltaba a sus obligaciones y, entre otras cosas, “perjudicar” el funcionamiento administrativo del gremio. El dirigente no sólo rechazó la medida ante el Ministerio de Trabajo de Nación si no que además aseguró haber evitado un intento de malversación de fondos.
Páez calificó su salida como un “golpe de Estado” y responsabilizó el secretario gremial de su Federación (FESIMUBO), Carlos Rodríguez, referente histórico y líder de la principal agrupación (Causa) del Sindicato. Lo llamativo es que algunos de quienes lo sancionaron tampoco estaban en buenos términos con ese mismo referente.
Este cisma se generó justo cuando el Sindicato había logrado varios avances importantes ante el Ejecutivo, que en septiembre del año pasado firmó un esquema de transferencia de empleados contratados a la planta permanente y negociaba, entre otras cosas, la recuperación 2 % de antigüedad en la liquidación del sueldo básico.
Por ese entonces, el secretario adjunto, ahora a cargo del gremio, Julio Díaz, destilaba bronca por la foto de Páez con el intendente, Lucas Ghi. “Estuvo en todos lados pidiendo aumento salarial pero en Morón no hace nada. No quiere hacer nada porque está de matrimonio con el Departamento Ejecutivo y hay un pacto de silencio entre él y (el secretario del SETMM, Luis) Duré para no molestar a los funcionarios”, decía a FM Pacífico.
“El Sindicato no está partido en dos pedazos, sino en diez. Es desastroso lo que está pasando porque como siempre, se les sigue mintiendo a los trabajadores”, aducía Díaz. Por su parte, Páez reconoce la crisis, pero culpa a Rodríguez por el acercamiento al oficialismo, habida cuenta de la confraternidad que generó Néstor K.
En la asamblea de enero, la secretaria (a cargo, en realidad es vocal) de la Secretaría de Finanzas, Silvina Maraschi, acusó al titular del gremio de negarse “a firmar” los cheques que le hacían llegar para pagar tanto servicios como a proveedores. La anomalía, según consta en el acta, habría comenzado el 9 de ese mismo mes.
Para la directiva, Páez se negaba “a suscribir la documentación que debe emitirse pese a tener a su disposición” y pese a contar con “los asientos contables respaldatorios”. Esto, decía, “acarreará indefectiblemente en la caída de servicios esenciales”. La documentación fue proveía a Un Medio por el propio secretario, quien afirma no haber convocado a la asamblea general, como marca el propia Ley, para el 19.
En el acta no constan los motivos por los cuales Páez habría incurrido en esa conducta, aunque se lo acusa de no concurrir a su trabajo y de no atender a los afiliados. El propio acusado exhibió una carta fechada el 14 de enero, dirigida a Maraschi, a través de la cual le solicita que informe en “todos los movimientos bancarios” el número de cheque emitido, importe y “destinatario”. Según Páez, había sido presionado para malversar los fondos.
“Me negué rotundamente a firmar cheques del Sindicato sin que se me dijera para qué serían utilizados los mismos y quiénes serían los proveedores que iban a cobrarlos. Ante mi negativa a convertirme en cómplice de Carlitos, él inventó una asamblea trucha (el acta describe que la pidió pero luego faltó) y obligó a algunos miembros de la Comisión Directiva a votar mi desplazamiento”, redactó Páez en una carta dirigida a sus compañeros.
Consultado por Un Medio, el dirigente aseguró que Rodríguez lo presionaba. “Me llamó y me dijo que me dejara de joder. Que había que sacar plata para la campaña. En agosto hay elecciones en el Sindicato”, apuntó. También denunció amenazas y un ataque a su vehículo mientras repartía su carta en el hospital Lavignolle. No obstante, dijo que “todavía” no se presentó en la Justicia para denunciar “una maniobra que paré”.
“Lo que pasa es que estamos en feria”, adujo. En cambio, ya envió una nota al Ejecutivo en la que se declara el interlocutor válido ante los municipales y otra a la Secretaría de Trabajo de La Matanza adónde pidió la anulación de la asamblea que dictaminó su suspensión, sin que hasta el martes pasado recibiera respuesta positiva.

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