viernes, 11 de febrero de 2011

La Coalición Cívica denunció que la pista de Morón era una "zona liberada" al narcotráfico

Como hacía tiempo no pasaba, Morón se convirtió en el eje de un caso judicial y político que promete dejar heridas en el Gobierno. Y la pista de aterrizaje que se hizo célebre por los retornos de Perón y (de los restos mortales) de Evita, hoy tiene un presente en verdad penoso, gracias al embarco de cocaína que fue descubierto en España. Ese delito esconde necesariamente algún grado de complicidad en al menos las esferas más bajas de alguno de los dos organismos que se dividían el control sobre la Base: Fuerza Aérea y ANAC.
En distintas esferas del Gobierno atacaron el tema con más confusión que información. Por ahora le tocó sólo a un oficial de la FA pagar con el costo político. Fue el Comodoro Jorge Ayerdi, que estaba a cargo de esa Base Militar en diciembre y que fue reemplazado el 25 de enero por José Janer, tras declarar ante la Justicia. Corre aún con mejor suerte jefe del aeródromo de Morón, Ricardo Palazón, quien también deslindó responsabilidades a pesar de que el Ministerio de Defensa sacó a relucir una nota de noviembre de 2010 en la que se lo notificaba de las disposiciones “de cumplimiento obligatorio” sobre el control y seguridad de la Base.
La instrucción en Argentina la comenzó el juez en lo Penal Económico Nº 4 Alejandro Catania, suplantado en la actualidad por Rafael Caputo, que continuó con las actuaciones. En otras cosas, pidió al juez Norberto Oyarbide analizar esta causa para encontrar lazos con la mafia de los remedios. Es en ese mismo Juzgado que los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán y Liliana Piani denunciaron a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a su reemplazo en el área de Defensa, Alberto Puricelli; al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y al jefe del ANAC, Alejandro Granados (h) por considerar que la pista de Morón era “una zona liberada”.
El abogado y ex concejal Ricardo González Dorfman, asesor del bloque de la CC, afirmó que “por correr a la Fuerza Aérea de los controles, pasa lo que pasa: hay zonas liberadas, como en Río Gallegos, que son un colador”. Particularmente, los seguidores de Elisa Carrió afirman que se “protege el narcotráfico”. Su candidato a intendente, Rómulo López, asesoró en el pedido de juicio político que su fuerza realizó sobre el fiscal general de San Isidro Julio Novo, quien, según indican, “impidió que Medical Jet - la empresa de los Juliá - fuera allanada en dos ocasiones por el caso del crimen de dos ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter. López señaló que Novo no fue enjuiciado por la Legislatura provincial “gracias a la protección K”.
Las críticas fueron cayendo de todo el arco opositor. “Si la droga se embarcó en Morón, podemos desbaratar a una organización criminal”, advirtió el diputado Fabián Peralta (GEN). El legislador provincial del PRO Ramiro Tagliaferro fue el primero que, además de responsabilizar al Estado Nacional, le solicitó al municipio “detalles de las posiciones de las videocámaras” y de “los controles de seguridad locales en la Base”.

Qué opinó la comuna
En los orígenes de la investigación sobraron pistas falsas. Una de ellas intentaba responsabilizar a la comuna por un agujero en el alambrado perimetral de la Base, por donde es altamente improbable que se ingresara la cocaína. El intendente Lucas Ghi opinó que sería “injusto” cargar sobre el municipio por los acuerdos de colaboración firmados con Defensa y disparó: “El alambrado lo pusimos nosotros. Pero no tengo por qué cuidarlo”.
Consultado por este periódico, el jefe comunal se mostró preocupado por el tema, pero lejos estuvo de elevar alguna sospecha sobre quienes controlaban los vuelos en la Base. “Estoy esperando que se investigue y que se logre desentrañar… más allá que no tenemos competencia, lo seguimos atentamente”, declaró la semana pasada.
Al margen de las declaraciones oficiales, en el gobierno local esbozaron una explicación bastante realista de la puja que hoy mantienen los ministerios de Defensa y de Planificación por su responsabilidad mayor o menor en el control de la Base. Al intendente le habían dicho que todo pasaría a manos de la Administración Nacional de Aviación Civil, que de última depende de Julio De Vido. En la comuna sostienen la teoría de que la Base atravesaba “una suerte de transición por el control de la aviación aerocomercial a una autoridad civil”.
El traspaso se había ordenado por un decreto de Garré en 2007, aunque actualmente en la página digital de la ANAC el aeródromo de Morón figura como “no controlado” por la autoridad. “Por más que haya habido un decreto esto no funciona así. Hay disputas y celos por el poder y los recursos. La transición tenía como norte que el control aerocomercial de la Base pasara a manos del poder civil. Eso no se logró”, explicó una fuente política. Ante la Justicia, el jefe del aeródromo declaró que la ANAC no tenía ninguna injerencia en los controles aéreos.
En tanto, un mail anónimo, supuestamente escrito por “esposas de oficiales de la Base Morón”, señaló a varios hombres de la Fuerza Aérea por su supuesta participación en el envío de la droga. “La droga estaba alojada en un depósito del hangar numero uno incendiado (…). Esta droga llega al hangar en los aviones civiles que se guardan allí adentro, el LVZNO un C172 de propiedad del brigadier (….), y en el LVIFI C205 de propiedad del comodoro (…)” indicaba esa nota, cuyos nombres y cargos debería investigar primero la Justicia.

Los hechos
El Challenger 604 que, el 2 de enero aterrizó en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, con 944 kilogramos de cocaína de máxima pureza estuvo en la Base de Morón entre el 5 de noviembre y el 30 de diciembre pasado, donde se presume que fue cargado. La droga fue descubierta por la Guardia Civil Española debajo del tapizado. A pesar del secreto de sumario que guarda la investigación en España, trascendió que además de los tres tripulantes de la nave (los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret), habría colaborado en el cargamento el ingeniero Alejandro Boffa, quien pocos recuerdan, en los ’90 se desempeñaba cerca del entonces asesor (y cuñado) presidencial Emir Yoma y de Carlitos Menem Junior. Miret y Boffa alegaron su inocencia. El avión había llegado a Morón proveniente de San Fernando y habría realizado un vuelo de prueba el 18 de diciembre. En juez en lo penal Económico, Rafael Caputo, citó a unos 200 empleados de la Base.

Los proyectos del municipio siguen en pie
El escándalo del narcotráfico apareció justo después de que la Municipalidad anunciara la cesión de una serie de hectáreas de la Base de Morón y se esperaba con ansias el avance de proyectos vinculados con la reactivación de la pista en el rubro aerocomercial. “No creo que se afecten los convenios. Tenemos todo firmado y documentado”, tranquilizó el intendente Lucas Ghi, quien explicó que “ahora vienen los tiempos de gestión, pero que no dependen de la FA, sino de nosotros mismos, de hacernos de los recursos necesarios”. A fin de año, y luego de varios años de negociaciones, el gobierno local había anunciado la construcción de un predio de deportes y de una reserva ecológica municipal en uno de los costados de la Base.

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